El agua como vector de salud: implicaciones de la nueva normativa nacional

La reciente actualización del marco normativo marca un antes y un después en la gestión del ciclo integral del agua. No solo se elevan los estándares de calidad y control, sino que se exige una visión integral y preventiva, alineada con el enfoque One Health y los retos del cambio climático. En EMASESA ya se practica a través del proyecto +Salud.

EMASESA reafirma su compromiso con la salud pública y la sostenibilidad a través del proyecto +Salud, una iniciativa pionera que integra el enfoque One Health en la gestión del ciclo integral del agua. Este modelo, alineado con las últimas normativas nacionales y europeas, sitúa la salud humana, animal y ambiental en el centro de la estrategia empresarial, anticipando los retos del sector y generando oportunidades de innovación.

Un marco normativo transformador

En los últimos años, España ha actualizado su marco legal en materia de agua y salud y ha incorporado el enfoque One Health para el refuerzo de la protección de la salud pública y los ecosistemas. En este sentido, destacan tres normativas clave:

  • RD 3/2023: Establece criterios técnico-sanitarios para la calidad del agua de consumo, su control y suministro. Introduce normas más estrictas sobre contaminantes emergentes (como microplásticos y alteradores endocrinos), obliga a la implantación de Planes de Seguridad del Agua (PSA) y refuerza la protección de cuencas hidrográficas, garantizando tanto la seguridad del suministro como la preservación de la biodiversidad.
  • RD 1085/2024: Regula el uso de aguas regeneradas y promueve la evaluación conjunta de riesgos para la salud ambiental, animal y humana. Esta norma impulsa la economía circular y la reutilización eficiente de recursos hídricos, clave en escenarios de escasez y cambio climático.
  • RD 665/2023: Modifica el Reglamento de Dominio Público Hidráulico para asegurar un uso sostenible de los recursos, limitar actividades contaminantes y exigir una planificación hidrológica más sostenible. Introduce controles más estrictos sobre vertidos industriales y medidas para la adaptación al cambio climático.

Estas normativas, junto a otras regulaciones europeas y nacionales (Directiva TARU, Estrategia de Biodiversidad 2030, Plan de Acción de Contaminación Cero, etc.), configuran una cobertura legal integral que obliga a las entidades gestoras a adoptar una visión holística y preventiva, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Pacto Verde Europeo.

La respuesta de EMASESA

El nuevo marco normativo no solo impone obligaciones, sino que abre la puerta a la innovación tecnológica y la mejora continua. En este sentido, EMASESA ha respondido con proyectos como:

  • Digitalización y control avanzado: Implantación de sistemas de monitorización en tiempo real, inteligencia artificial para la gestión de redes y gemelos digitales en plantas de tratamiento, que permiten anticipar incidencias y optimizar recursos.
  • Economía circular y sostenibilidad: Valorización de lodos mediante compostaje avanzado (MITLOP), producción de biogás, uso de energías renovables y fomento de la reutilización de aguas regeneradas.
  • Infraestructuras resilientes: Desarrollo de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS), depósitos de retención de aguas pluviales y soluciones basadas en la naturaleza para mitigar el impacto del cambio climático y mejorar la calidad del agua.
  • Vigilancia y control sanitario: Programas de alerta temprana, control de contaminantes emergentes, colaboración con el ecosistema de investigación e innovación y acreditación de laboratorios bajo normas internacionales.

Con ello, EMASESA se posiciona como operador medioambiental de referencia, al superar el mero cumplimiento legal y apostar por la prevención, la resiliencia y la mejora continua. La integración del usuario en el centro de la estrategia, la transparencia en la gestión y la educación ambiental refuerzan la confianza social y la corresponsabilidad en el uso del agua.

El proyecto +Salud es, así, un ejemplo de cómo la adaptación a los nuevos marcos regulatorios puede convertirse en una palanca de transformación para el sector, generando valor para la sociedad, el medio ambiente y la economía.

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