EMASESA sitúa la justicia hídrica en el centro del Día Mundial del Agua

• En los últimos 3 años se ha realizado un esfuerzo inversor que ha permitido finalizar y poner en marcha obras por un valor de 94,5 millones de euros, para la mejora y renovación de redes y de sus elementos

• La empresa pública subraya que garantizar el abastecimiento y el saneamiento en un contexto de cambio climático requiere infraestructuras de interés general y cooperación entre administraciones

Con motivo del Día Mundial del Agua, EMASESA ha puesto el foco en la justicia hídrica como principio clave para afrontar los retos del cambio climático y garantizar la seguridad, la salud pública y la continuidad del servicio de abastecimiento y saneamiento en Sevilla y su área metropolitana. En este contexto, la empresa ha realizado un esfuerzo inversor en los últimos 3 años que ha permitido finalizar y poner en marcha obras por un valor de 94,5 millones de euros para la mejora y renovación de redes y de sus elementos: colectores, redes, bombeos…

No obstante, la empresa pública cifra en alrededor de 500 millones de euros la inversión necesaria para reforzar el sistema hidráulico metropolitano frente a episodios cada vez más frecuentes de lluvias intensas e inundaciones.

EMASESA cuenta con un diagnóstico técnico completo del sistema de saneamiento y con una planificación desarrollada durante años que permite identificar puntos críticos, priorizar actuaciones y anticipar soluciones. En el caso de Sevilla capital, el Plan Director de Saneamiento recoge actuaciones estructurales cuya ejecución requiere una inversión estimada de 200 millones de euros, destinadas a aumentar la capacidad hidráulica del sistema y reducir de forma significativa el riesgo de inundaciones en amplias zonas de la ciudad.

Estas actuaciones incluyen depósitos de retención de aguas pluviales, grandes colectores interceptores y la ampliación y digitalización de estaciones de bombeo, infraestructuras que ya han demostrado su eficacia durante los recientes episodios de lluvias intensas. “Son inversiones que muchas veces no se ven, pero que marcan la diferencia cuando llega una lluvia extrema”, ha señalado el consejero delegado de EMASESA, Manuel Romero.

Muchos de los proyectos para la ejecución de estas obras ya están hechos, como es el caso de los depósitos de retención de aguas pluviales de Kansas City y el de Blas Infante, o la ampliación del colector de Tamarguillo. “Estas actuaciones cuentan con proyectos redactados desde hace más de 3 años, pero han carecido de la financiación necesaria para ejecutarlos”.

No obstante, el sistema de saneamiento funciona de manera interconectada y trasciende el ámbito municipal. Muchas de las infraestructuras que protegen Sevilla dan servicio a varios municipios del área metropolitana, lo que exige una visión supramunicipal. En total, EMASESA gestiona 15 Planes Directores de Saneamiento, de los cuales cinco corresponden a la ciudad de Sevilla.

Cuando se amplía el foco al conjunto del sistema metropolitano, la inversión necesaria se incrementa hasta situarse en torno a los 500 millones de euros y 15 Planes, al sumar tanto las actuaciones singulares de gran escala como una amplia batería de intervenciones distribuidas por el territorio. “Estamos hablando de infraestructuras de interés general, imprescindibles para proteger a la ciudadanía y al medio ambiente, que no pueden ser asumidas en solitario por una empresa pública local o metropolitana”, ha subrayado Romero.

En este sentido, EMASESA insiste en la necesidad de una cooperación decidida entre administraciones que permita movilizar recursos del Gobierno de España, la Junta de Andalucía y los fondos europeos. “Anticiparse hoy es proteger a la ciudadanía mañana. Invertir en prevención es la forma más eficaz de reducir riesgos y evitar daños mayores en el futuro”, ha afirmado el consejero delegado.

La empresa vincula este esfuerzo inversor al concepto de justicia hídrica, entendido como la garantía de que todas las personas cuenten con el mismo nivel de protección y acceso a servicios esenciales, con independencia del barrio o del municipio en el que vivan. “La justicia hídrica significa que el servicio no se detiene y que nadie queda atrás. No actuar supondría trasladar los costes económicos, sociales y ambientales a la ciudadanía, especialmente a los colectivos más vulnerables”, ha concluido Romero.